Fiscal Gabriel de Vedia, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (Ufises).
Siempre es saludable ver, analizar, si los beneficios otorgados siempre estuvieron conforme a la ley o, si hubo en algún caso, una cuestión ilícita, esta bien que el Estado tenga conciencia de eso. Algo que nunca puede hacer el Estado es hacer un análisis general y tomar decisiones sin el respeto al debido proceso y la defensa de los beneficiarios, y revocar el beneficio. En este caso, la situación es más importante, estamos hablando de pensiones no contributivas que son aquellas que el Estado otorga a quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad estructural. Es relevante señalar esto de la condición de vulnerabilidad estructural porque en general los beneficiarios de este tipo de pensiones: madres solteras, como prevee la ley, las personas de más de 70 años que no realizaron aportes, etc. Estas circunstancias suelen ser de personas que tal vez sus padres, sus abuelos, estaban también alejados de ese circuito de bienes que normalmente en la sociedad de consumo a ellos les cuesta conectarse, esa es la respuesta que debe dar el Estado.
Son derechos adquiridos por ley, esto no es beneficencia, ni regalo, ni caridad, éstos son derechos adquiridos. El derecho adquirido debe ser respetado porque sino entramos en un mundo de incertezas e inseguridad jurídica.
La Corté declaró inconstitucional ese decreto (el decreto 432, del año 97). Hay un caso, Reyes Aguilera que era un estanciero, porque ése decreto prevee algunos requisitos que la ley no tiene en cuenta para obtener ése beneficio, uno de ellos tiene que ver con los estancieros e impone un requisito: un estanciero puede obtener este beneficio pero necesita 20 años de residencia. La Corte lo declaró inconstitucional porque el decreto tiene una excepción reglamentaria, el decreto es para instrumentar lo que dice la ley no para agregar excepciones reglamentarias. En segundo término, lesionaba la igualdad.
Vale para estos casos puntuales en los que se han quitado pensiones por tener un auto o trabajo, hay que ver también, porque el derecho no es solo lógica ni matemática, el derecho es mas complejo. Hay que ver que significa tener un trabajo, hay que ver significa una fuerza laboral.
Las políticas de seguridad social, aún de derecho laboral, deben diseñarse teniendo en cuenta que la sociedad es un Ser Colectivo. Lo que sería muy sano es que entre todos los sectores de la sociedad se construyan los consensos para ver cual es la mejor legislación en estas cuestiones que atañen a todas aquellas personas excluidas del sistema.
Yo invito a la investigación de los casos en los que se sospechan irregularidades. El año pasado le propuse a la Ministra Stanley iniciar investigaciones conjuntas por estos temas. No tuvimos una gran respuesta, sería mejor que trabajemos juntos para la defensa de los derechos.
