FM 88.7
Las miradas de muchos observadores de la situación de derechos humanos y de la comunicación de todo el mundo estarán centradas en la mañana de hoy en la audiencia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) habilitó en Washington para tratar el caso argentino. Los peticionantes encabezados por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y las organizaciones que integran la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) junto a la Defensoría del Público, argumentarán que el derecho humano a la comunicación y los estándares elaborados por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos están siendo violados por el gobierno macrista, que pretende revertir las cuestiones centrales de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA, 26522/2009) y de Argentina digital (LAD,27078/2014). Ante la inminencia de la audiencia en la CIDH el gobierno, aceleró esta semana el trámite en la Cámara de Diputados donde consiguió la ratificación de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) por los cuales se modificó la ley de ministerios e intervino la Afsca (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual). Sin embargo, la maniobra política no librará a los representantes oficiales de dar explicaciones en Washington. Hablamos sobre esto con Santiago Marino, docente investigador en Políticas de Comunicación, director de la Maestría en Industrias Culturales de la Universidad de Quilmes y columnista del programa La Mar en Coche.
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La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional para el próximo 19 de abril (martes) por los despidos en el sector público, y anunció que el día anterior se instalará frente al Congreso una carpa con jubilados que reclamarán por la puesta en marcha del 82 por ciento móvil y contra la reducción de los medicamentos gratuitos hecha por el PAMI. La medida de fuerza se definió luego de que el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, anunciara en los últimos días que el gobierno nacional decidió "no renovar 10.921 contratos" de la administración pública, y reconoció el ingreso de "algunos familiares" de funcionarios a "las plantas de gabinete". Hablamos con Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, para informarnos más sobre este asunto.
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