Movimientos sociales encabezados por Barrios de Pie, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y la Corriente Clasista y Combativa instalan hoy desde las 7 de la mañana un millar de ollas populares en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Lo hacen en reclamo de la aplicación plena de la Ley de Emergencia Social, además de la sanción de la emergencia alimentaria. En ese marco, las organizaciones planean un acampe para este próximo sábado y al cierre de la jornada de hoy convocarán a una movilización masiva desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo para el 7 de agosto. La protesta abarca también cortes en distintos puntos de la Ciudad, principalmente en el centro porteño. La jornada comenzó a las 7 de la mañana en el cruce de las avenidas Callao y Corrientes. Luego, a las 12, se realizaron cortes parciales en Puente Pueyrredón, Puente La Noria, Panamericana, Ruta Nacional 197, Acceso Oeste y Autopista Buenos Aires-La Plata. La dirigente del Frente Popular Darío Santillán, Dina Sánchez, afirmó hoy en diálogo con "Desde el Sur" que "la ofensiva contra el pueblo trabajador continua: la desocupación alcanzó a 7,1 millones de personas, mientras que vemos como día a día se suman más despidos tanto en sectores fabriles como en áreas del Estado. Esta grave situación tiene su consecuencia en el número alarmante de pobres, que hoy alcanza a 12.5 millones de personas, es decir el 30,3% de la población; 6 de cada 10 niños viven bajo la pobreza". "Más de 1 millón de jóvenes ni estudia ni trabaja y debido a no cumplir con el requisito del estudio el gobierno ha quitado recientemente 232 mil Asignaciones Universales por Hijo a las familias que más lo necesitan. A esto se le suma que el pasado 27 de junio el gobierno impuso por decreto, y desconociendo las multitudinarias manifestaciones, un aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil vergonzoso que se encuentra muy lejos de la canasta básica familiar", añadió. "Peor aún, nos encontramos las y los trabadores de la economía popular que con este ínfimo aumento del Salario Mínimo percibiremos un ingreso de $4.440 pesos mensuales a través de los programas de empleo, es decir ni siquiera alcanzamos los $5.798,57 de la canasta básica alimentaria que establece el nivel de indigencia", completó Sánchez.

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Cerca de 50 trabajadores de Cresta Roja fueron recibidos hoy en el acceso a la planta de la localidad bonaerense de Esteban Echeverría con fotocopias de telegramas de despido por lo que cortaron la Au. Ricchieri, mano a Capital Federal. Mariano, uno de los trabajadores despedidos, afirmó hoy en diálogo con "Desde el Sur" que "nos presentamos a trabajar y nos encontramos con fotocopias de telegramas. Unos 50 entregados por la vigilancia. No se presentó nadie de la empresa. No nos dejaron entrar. Nos pedían legajos y si estábamos en la lista nos daban el telegrama”. El rumor de los posibles despidos comenzó a circular ayer por la tarde, sin embargo, solo pudo ser comprobada por los ex empleados esta mañana, cuando Gendarmería se presentó en la planta II, ubicada en la ciudad de El Jagüel, para controlar cualquier inconveniente que se pudiera desatar tras la noticia. Para solidarizarse con sus compañeros despedidos, muchos de los cuales habían sido reincorporados hacía poco tiempo atrás, en la planta II, tomaron la decisión de hacer un paro de actividades. "La idea es seguir con este reclamo hasta poder hablar con la empresa y ver cuál es el motivo que tienen, todos lo sabemos igual, y para reclamar por el puesto de laburo y la indemnización”, explicó el trabajador despedido. Además, advirtió que en el día de mañana los trabajadores tenían previsto juntarse con la empresa y el sindicato para tratar el pago de indemnizaciones que no se habían efectuado aún y la reincorporación de más de 400 empleados. Todo comenzó en octubre del año pasado, cuando la empresa cambió de consorcio y, como consecuencia, 1.500 trabajadores resultaron despedidos con la promesa de que se los reincorporaría meses más tarde. Sin embargo, solo una parte de ellos no recobró sus puestos de trabajo.

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Desde el Frente Productivo pidieron interpelar al secretario de Desarrollo Económico municipal, Oscar Jofré, luego de que este desestimara el relevamiento realizado por la entidad que agrupa a PyMEs del distrito. A fines del mes pasado, el Frente Productivo de Lanús había presentado un sondeo de los locales comerciales del distrito que cerraron sus puertas en el último tiempo y llegaron a la conclusión de que de 1.668 comercios relevados, 147 bajaron sus persianas. pero tras la difusión del llamado “mapa de la crisis”, desde la Comuna salieron a bajarle el tono a esas cifras y advirtieron que, por el contrario, “hay actividades que han repuntado significativamente”. “No nos vamos a arrancar los pelos diciendo que está todo mal”, había advirtido en declaraciones periodísticas el secretario de Desarrollo Económico del municipio, Oscar Jofré, y apuntó que “es difícil generalizar” pero que “a partir del recuento, hay actividades que han repuntado significativamente este año”. En ese marco, desestimó avanzar en una declaración de Emergencia Productiva, tal como habían solicitado desde la entidad. Ante esas declaraciones, desde el Frente se mostraron “sorprendidos” por “el grado de desconocimiento del panorama productivo local” del funcionario, al tiempo que expresaron su preocupación por “el nivel de insensibilidad demostrada”. El presidente de la Asociación PyME y dirigente del Frente Productivo Lanús, Daniel Moreira, afirmó hoy en diálogo con "Desde el Sur" que “habiendo reconocido esta falencia, nos sentimos obligados a preguntarle al funcionario municipal con qué información y sobre qué diagnóstico el Gobierno afirma que no existe una crisis productiva y desestima el pedido que hemos realizado al Concejo Deliberante hace ya cuatro meses”. En el sondeo realizado por la entidad se relevaron un total de 1.668 locales en siete arterias comerciales de Lanús. “Nos encontramos con casi 150 persianas bajas. Proyectado sobre los 3.218 comercios que el Municipio dice que existen, estamos hablando de unos 280 negocios cerrados. Esto implica la pérdida de más de 1.100 puestos de trabajo directos y alrededor de 9.000 lanusenses afectados en sus ingresos”, reiteraron.

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